Autor: @justiciagob

La Administración de Justicia está inmersa en un proceso de transformación digital imparable. La tecnología permite procesar y almacenar un gran volumen de información así como agilizar los procedimientos judiciales. Pero la tecnología ha de poder garantizar también la seguridad y disponibilidad de la información digital frente a amenazas y riesgos que puedan comprometer su integridad y confidencialidad. 

La ciberseguridad es uno de los principales ejes estratégicos del Ministerio de Justicia.  Es por ello que ha diseñado el Plan de ade­cuación de seguridad de Justicia Digital que se articula en 9 líneas de actuación para los diferentes ámbitos de actuación:

• Reforzar el control de acceso por los diferentes perfiles a aplicaciones, servicios, sistemas o instalaciones con ac­tuaciones en el entorno de las redes e infraestructuras y en el ámbito de la gestión y el control de credenciales, así como de la política de contraseñas.
• Poner a disposición de las personas que intervienen en el sistema judicial materiales formativos que incidan en el buen uso de los sistemas y de la información para prevenir y evitar prácticas de riesgo para la seguridad.
• Proteger la información de Justicia Digital en todo momento y ubicación, así como prevenir la revelación de datos a personal no autorizado.
• Evaluar los riesgos actuales y futuros para reducir el riesgo de infección e implantar soluciones ante amenazas per­sistentes avanzadas.
• Realizar auditorías técnicas de seguridad para detectar vulnerabilidades en el sistema.
• Definir los procedimientos que permitan garantizar la alta disponibilidad del sistema en caso de contingencia
• Realizar la revisión de la seguridad en el software de Justi­cia Digital para mejorar la protección de las aplicaciones desarrolladas.
• Registrar los incidentes de seguridad, así como las accio­nes de tratamiento asociadas a los mismos para garanti­zar la mejora continua de la seguridad del sistema incre­mentando así la capacidad de respuesta a incidentes.
• Puesta en marcha de un comité para la gestión y coordi­nación de la seguridad y nombramiento de los diferentes responsables para velar por el cumplimiento de la política de seguridad.

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